” 13 de Octubre … “

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En España 1843 , después de que en 1785 Carlos III instituyera la bandera encarnada y amarilla, de tres listas (la central, amarilla, de doble ancho) para los buques de guerra, en el día de hoy toma carta de naturaleza el carácter de bandera nacional mediante Real Decreto por el que la Reina Isabel II determina que todas las banderas sean iguales en forma, dimensiones y colores a la bandera de la Armada.

1978-10ptas-carlos3Carlos III 

Hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, nació en Madrid el 20 de enero de 1716. En 1731 fue nombrado duque de Parma y Toscana, y entre 1735 y 1759 fue rey de Nápoles. En 1759 sucedió a su hermanastro Fernando VI en el trono español, cargo que ocupará hasta su muerte.
A pesar de que todavía continuamos dentro del periodo de monarquías absolutistas, el reinado de Carlos III es plenamente reformista desde el punto de vista socio-político y económico llegando incluso a provocar su enfrentamiento con la aristocracia y el clero. Entroncado este reinado en pleno desarrollo de la Ilustración es uno de los más típicos exponentes de esta corriente ideológica. Sus reformas fueron dirigidas hacia el reparto de tierras comunales, división de latifundios, recortes de privilegios de la Mesta, protección de la industria privada, liberación del comercio y de las aduanas etc.
Políticamente otorgó poder político a la burguesía, favoreciendo sus intereses con iniciativas legislativas como la creación de la Orden de Carlos III, la apertura del comercio de Ultramar o la supresión de los “oficios viles”.
Interesado en promover la prosperidad del país, su programa de reformas e iniciativas alcanzó a las obras públicas, destacando la construcción del pantano de Loja, el puerto de San Carlos de la Rápita o la repoblación de Sierra Morena, creando municipios de nueva construcción como La Carolina.
En el ámbito cultural, Carlos III entendía que la prosperidad nacional pasaba por el desarrollo cultural y educativo. En este sentido, impulsó la investigación científica, reformó la docencia y favoreció la difusión de los conocimientos.
En cuanto a la política exterior, intentó mantener el prestigio español y su presencia colonial, amenazada por el expansionismo de Gran Bretaña y Francia, principalmente. Para ello, reformó el ejército e incrementó el poder naval español, hasta el punto de que pudo ser considerada en su época como la más poderosa después de la británica. Además, las Ordenanzas Reales que se dictaron sobre el ejército demostraron su eficacia, hasta el punto de que en parte aun se mantienen en vigor.
Todo este tipo de medidas las llevó a cabo al comienzo de su reinado con el Marqués de Esquilache al frente de su gobierno y apoyado por grupos de ilustrados y de la burguesía; de hecho fueron medidas muy efectivas pero produjeron el enfrentamiento de la oligarquía aristocrática y el clero, que, viendo amenazados sus intereses, provocaron un levantamiento popular que se conoce por el Motín de Esquilache, ya que fue depuesto este ministro. Esto obligó al monarca a suavizar las medidas sociales adoptadas aunque no dejo de enfrentarse a los grupos reaccionarios actuando contra ellos como demostró en la expulsión de los jesuitas o limitando el poder de la Inquisición. Económicamente hay que recordar a este monarca porque tendió a unificar el sistema monetario creando el primer papel moneda y la primera banca estatal (Banco de San Carlos 1782).En política exterior fueron fundamentales 3 puntos u objetivos: Paz en el Mediterráneo para garantizar el comercio español en estas aguas, neutralizar a Gran Bretaña en las colonias americanas y recuperar Menorca y Gibraltar de manos de los ingleses, conseguiría recuperar la primera plaza pero no así la segunda que sigue siendo colonia británica. Moría en 1788 sucediéndole en el trono su hijo Carlos IV.

Isabel II Cuadro de Jose Madrazo,Isabel tenia 8 meses.

Isabel II, a la que Pérez Galdós denominó «la de los tristes destinos», fue reina de España entre 1833 y 1868, fecha en la que fue destronada por la llamada «Revolución Gloriosa». Su reinado ocupa uno de los períodos más complejos y convulsos del siglo XIX, caracterizado por los profundos procesos de cambio político que trae consigo la Revolución liberal: el liberalismo político y la consolidación del nuevo Estado de impronta liberal y parlamentaria, junto a las transformaciones socio-económicas que alumbran en España la sociedad y la economía contemporánea.

      No cabe duda de que la historia personal de Isabel II, que ocupa 74 años de existencia, está marcada desde su nacimiento por el hecho de ser mujer y por una asombrosa precocidad impuesta por los avatares y las circunstancias que la obligaron a asumir muy tempranamente las responsabilidades que su condición conllevaba: Reina a los tres años, una mayoría de edad forzada por la situación política que dio paso a su reinado personal con tan sólo trece años, un matrimonio obligado e inadecuado a los dieciséis que desembocó en separación apenas transcurridos unos meses y, por último, su destronamiento a los treinta y ocho años, la trágica divisoria en su vida que da paso a los largos años del exilio y el alejamiento de España. Es una historia azarosa, como la época a la que ella dio nombre, que la haría pasar de una imagen positiva al comienzo de su reinado a otra terriblemente negativa a su término. Pasó de gozar de una gran popularidad y cariño entre su pueblo, de ser la enseña de los liberales frente al absolutismo y una especie de símbolo de la libertad y el progreso, a ser condenada y repudiada como la representación misma de la frivolidad, la lujuria y la crueldad, la «deshonra de España», que intentará barrer la revolución de 1868.

El nacimiento de Isabel II: Un trono cuestionado

      Isabel II nació el 10 de octubre de 1830, recibiendo en el bautismo los nombres de María Isabel Luisa. El historiador José Luis Comellas la describe como «Desenvuelta, castiza, plena de espontaneidad y majeza, en el que el humor y el rasgo amable se mezclan con la chabacanería o con la ordinariez, apasionada por la España cuya secular corona ceñía y también por sus amantes». Hija primogénita del último matrimonio del rey Fernando VII con María Cristina de Borbón, con la que había contraído matrimonio en 1829 tras enviudar de su tercera esposa, María Josefa de Sajonia, su nacimiento plantea el problema sucesorio pues sus derechos dinásticos son cuestionados por su condición de mujer. El heredero al trono había sido hasta ese momento su tío Carlos María Isidro y, tras tres matrimonios de Fernando VII sin descendencia, parecía que era él el llamado a sucederle. Sin embargo, el nuevo matrimonio del rey y el embarazo de la reina abren una nueva posibilidad de sucesión. En marzo de 1830, seis meses antes de su nacimiento, el rey publica la Pragmática Sanción de Carlos IV aprobada por las Cortes de 1789, que dejaba sin efecto el Auto Acordado de 1713 que, a imitación de la Ley Sálica francesa, excluía la sucesión femenina al trono. Se restablecía así el derecho sucesorio tradicional castellano, recogido en Las Partidas, según el cual podían acceder al trono las mujeres en caso de morir el monarca sin descendientes varones.

      En virtud de esta disposición, el 14 de octubre de 1830 un Real Decreto hacía pública la voluntad de Fernando al nombrar a su hija princesa de Asturias «por ser mi heredera y legítima sucesora a mi corona mientras Dios no me conceda un hijo varón». Una situación que no se modificará al dar a luz la reina María Cristina a otra niña, la infanta Luisa Fernanda. El evidente deterioro físico del rey hacía improbable que pudiese tener nueva descendencia por lo que quedaba abierto el pleito sucesorio con el rechazo del hermano de Fernando a aceptar la sucesión de su sobrina y el comienzo de toda una intriga palaciega que culminará en el verano de 1832 en los sucesos de La Granja. Aprovechando el deterioro de la salud del monarca, una camarilla de cortesanos y políticos, próximos a Carlos María Isidro, logró con presiones y bajo la amenaza de una guerra civil que Fernando derogase la Pragmática, anulando de nuevo la sucesión femenina.

      Sin embargo, el rey se recuperó, restableció otra vez la Pragmática e Isabel fue ratificada por unas Cortes como Princesa de Asturias el 20 de junio de 1833. Pocos meses después moría su padre, dejando a su hija el trono español bajo la regencia de María Cristina. La negativa de Carlos a aceptar, como reina, a su sobrina, desató la primera guerra carlista.

La época de las regencias (1833-1843)

      La minoría de edad de Isabel II estuvo ocupada por una doble regencia: la que ostentó su madre María Cristina, reina gobernadora hasta 1840, y la del general Baldomero Espartero hasta 1843. La regencia de María Cristina estuvo marcada por la guerra carlista que la obligó a buscar el apoyo de los liberales moderados frente al pretendiente Carlos. La primera consecuencia de esa transacción fue la concesión del Estatuto Real (1834), una carta otorgada en la que la Corona se reservaba amplios poderes en la vida política. En el contexto de la guerra civil, el triunfo del liberalismo se produjo en 1836 tras el golpe de Estado de los sargentos de La Granja y la llegada al poder de Mendizábal con la desamortización de 1836 y la promulgación de la Constitución de 1837, de carácter progresista. El proceso desamortizador comportó la supresión de órdenes religiosas, la nacionalización de sus bienes y su venta en pública subasta. La Constitución afirmaba el principio de soberanía nacional y la práctica parlamentaria basada en el sufragio censitario y un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado. Con ambas reformas, se dio un decisivo impulso hacia el desarrollo capitalista y el liberalismo político, ampliándose la base burguesa del régimen. Sin embargo, la hostilidad de la regente hacia los liberales progresistas y su preferencia por los moderados dieron lugar a un creciente malestar social que alimentó el pronunciamiento de 1840. Con el fin de la guerra y la firma del Convenio de Vergara en agosto de 1839, María Cristina se vio forzada a renunciar a la regencia y se exilió en Francia, dejando abandonadas a sus hijas bajo la tutela de Argüelles y de la condesa de Espoz y Mina. Espartero, héroe de la guerra carlista y jefe del Partido Progresista, asumió entonces la regencia. Durante su mandato, se consolidan las dos corrientes en las que se dividió la «familia» liberal: el Partido Moderado (conservador) y el Partido Progresista (liberal avanzado). Se sofocó un golpe palaciego orquestado por la propia María Cristina y que, al fracasar, significó la ejecución de algunos cabecillas, entre ellos los míticos Montes de Oca y Diego de León. Pero los desaciertos del regente, y de forma especial su poca acertada actuación en la insurrección de Barcelona, originaron su caída en 1843 y la proclamación anticipada de la mayoría de edad de Isabel cuando acababa de cumplir trece años.

      En estos primeros años -coinciden todos los biógrafos- dos aspectos fundamentales marcaron la vida de la reina, condicionando su personalidad y trayectoria posterior: la falta de un ambiente familiar y de afectividad materna y la ausencia de una instrucción adecuada y de preparación política para una persona destinada a tan alto fin. Abandonada tempranamente por su madre, que prefería dedicarse a la nueva familia que formó con el duque de Riansares, su relación con ella estuvo marcada, más que por el cariño materno, por la manipulación y el control que María Cristina ejerció siempre sobre Isabel. En el terreno de la instrucción que recibió, se comprueba una educación escasa, descuidada y sujeta a los vaivenes políticos que, como ocurrió en 1841, produjeron el relevo radical del personal de palacio, entre ellos la aya y el preceptor de Isabel. Su nuevo preceptor será Argüelles que, si bien denominó a Isabel la«alumna de la Libertad», no demostró un excesivo celo en la preparación real, deficiente en lo intelectual y en lo político. Si a esa precariedad en su formación unimos lo prematuro de su mayoría de edad, podremos explicarnos fácilmente la manipulación interesada y partidista a la que fue sometida por su familia, las camarillas cortesanas y determinados políticos, así como sus dificultades para cumplir de forma eficaz las funciones políticas que el sistema constitucional le confería. Como la misma Isabel reconocía en una de las conversaciones que mantuvo en 1902 con Pérez Galdós, el poder le llegó muy pronto y con él la adulación, las manipulaciones y conspiraciones propias de la Corte: «¿Qué había de hacer yo, jovencilla, reina a los catorce años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían ¿Qué había de hacer yo?… Póngase en mi caso…» 

El reinado personal de Isabel II

      El mismo día del comienzo del reinado efectivo de Isabel II, el Gobierno de Joaquín María López dimitió. Como sustituto fue nombrado Salustiano Olózaga, jefe del Partido Progresista que, acusado de haber forzado a la reina niña para que firmase la disolución de las Cortes contra su voluntad, era destituido a los nueve días. El suceso, como ha señalado Burdiel, debe inscribirse en la lucha de los moderados y María Cristina para hacerse con el poder. Una vez conseguido éste, el Partido Moderado, bajo el liderazgo del general Narváez, dominó la escena política durante los diez años siguientes, dando nombre a la «Década Moderada». En este período se elaboraron la Constitución de 1845, que proclamaba la soberanía compartida y anulaba algunas conquistas del liberalismo progresista, y unas leyes orgánicas de carácter muy restrictivo que sentaron las bases del poder moderado y de la organización política y administrativa del Estado liberal. Se realizó la reforma de la Hacienda y, por el Concordato de 1851, se logró el reconocimiento de la Iglesia a la monarquía isabelina, que aceptó la desamortización efectuada hasta entonces, exigiendo como contrapartida compensaciones económicas y que se paralizase el proceso de venta de bienes nacionales pendientes.

      En los inicios de la década una de las cuestiones más controvertidas fue la del matrimonio real que, convertido en razón de Estado con claras implicaciones en las cortes europeas, dio origen a largas y complejas negociaciones diplomáticas para elegir al futuro rey consorte. El 10 de octubre de 1846, el mismo día de su decimosexto cumpleaños, se celebra el enlace de la reina con su primo Francisco de Asís de Borbón, una elección completamente desacertada pero que, como ha puesto de relieve la historiadora Isabel Burdiel, acabó siendo la única candidatura viable dada la presión internacional, sobre todo francesa. El matrimonio fracasó en los primeros meses, abocando a Isabel a la infelicidad que intentó compensar con una intensa y criticada vida amorosa en brazos de varios amantes y favoritos. La reina tuvo once hijos, de los que sólo cuatro llegaron a la edad adulta: Isabel, Alfonso, Pilar y Eulalia. Como ha señalado la profesora Burdiel, desde el comienzo del matrimonio y auspiciada por el rey consorte, se percibió en el ambiente palaciego la influencia de los sectores más conservadores y clericales dando origen a una oscurantista camarilla que, encabezada por los confesores reales, los padres Claret y Fulgencio, y personajes tan estrambóticos como sor Patrocinio, la «monja de las llagas», mediatizaron la actuación real.

      El Gobierno moderado se ejerció de forma restrictiva y exclusivista, obligando a los progresistas, marginados del poder a recurrir a la vía insurreccional y a los pronunciamientos, mecanismo de insurrección militar frecuentemente combinado con algaradas callejeras, para forzar un cambio político y acceder al Gobierno. Esta fase se cerró con el Gobierno «tecnócrata» de Juan Bravo Murillo, quien llevó a cabo una amplia labor administrativa y hacendística y el del conde de San Luis. En estos años, la actuación ministerial había sido cada vez más autoritaria y la corrupción se había generalizado con los negocios fáciles y el enriquecimiento rápido de las camarillas próximas al poder y a la soberana.

La revolución de 1854 y el Bienio Progresista

      Los problemas derivados de la corrupción y del gobierno de la camarilla, a los que se unía el descontento de los progresistas excluidos del poder, alentaron las críticas de la clase política y favorecieron la actuación revolucionaria. A finales del mes de junio tiene lugar el pronunciamiento de los generales O´Donnell y Dulce. La llamada «Vicalvarada» tenía en principio unos objetivos muy limitados que básicamente se orientaban a corregir las desviaciones políticas y corrupciones de los últimos tiempos y a un mero cambio de Gobierno sin abandonar los presupuestos políticos moderados. Pero la intervención de los progresistas abrió una fase de levantamiento popular que llevó a los sublevados a ampliar su programa. El Manifiesto del Manzanares del 7 de julio de 1854, redactado por Cánovas del Castillo, exigía reformas políticas y unas Cortes Constituyentes para hacer posible una auténtica «regeneración liberal». Se inauguraba una nueva etapa progresista, parca en lo político por su corta duración, un bienio escaso, pero densa en realizaciones de carácter económico. La reina entregó el poder a Espartero y O’Donnell, representantes de la coalición que alentó la revolución, pero la continuidad y estabilidad de este Gobierno mixto era difícil. Se expulsó de España a la reina madre, objeto de las iras populares porque, además de su influencia sobre Isabel, María Cristina y su esposo, el duque de Riansares, habían estado implicados en muchos de los negocios fraudulentos y corruptelas económicas de esos años. Se elaboró una nueva Constitución de inspiración progresista que afirmaba explícitamente la soberanía nacional -la Non nata de 1856- y se aprobaron importantes leyes económicas, fundamentales para el desarrollo del capitalismo español como las leyes de ferrocarriles (1855), bancarias y de sociedades (1856). Se retomó también la desamortización con la promulgación de la Ley de Madoz (1855), que afectaba a los bienes civiles y eclesiásticos, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.

      Transcurridos dos años desde la revolución, la reina, en palabras de Germán Rueda, se decide a reinar. Recurre a O’Donnell para desplazar a los progresistas del poder y restablecer la Constitución de 1845 suavizada con un Acta adicional. Pero, a continuación, será Narváez quien gobierne durante el bienio 1856-1858. Bajo su mandato se restablecen los parámetros políticos de la etapa moderada anterior con la anulación del Acta adicional y se aprueba la Ley Moyano (1857) que ordena y centraliza la instrucción pública de toda la nación. Se abre entonces un período de alternancia entre los moderados de Narváez y un tercer partido de corte centrista, liderado por el general O’Donnell. Entre 1858 y 1863, será de nuevo este general el protagonista de la vida política con su Unión Liberal, dando paso a un período con cierta calma política caracterizado por una gran prosperidad económica y una intensa actividad en política exterior con la guerra de África (1859-60), la anexión de Santo Domingo (1860-1865) y la intervención en México (1861-1862).

La revolución de 1868 y el destronamiento de Isabel II

     Con la caída de O’Donnell en 1863 entramos en la última etapa del reinado de Isabel II marcada claramente por la descomposición del sistema político y la deslegitimación de la Corona. Se sucedieron gobiernos siempre de corte moderado mientras el exclusivismo y el carácter represivo del régimen se acentuaban a medida que la oposición aumentaba y partía cada vez de mayores frentes. Por otra parte, la vida amorosa de la reina y los escándalos de palacio, aireados o utilizados por su propio esposo, Francisco de Asís, y miembros de la camarilla y del Gobierno, contribuyeron notablemente a desprestigiar la imagen de la monarquía. El ambiente político se enrareció todavía mucho más a partir de 1865, con la destitución de Castelar como catedrático de la Universidad y la represión contra los estudiantes en la llamada «Noche de San Daniel», ordenada por Luis González Bravo. El sistema moderado se hundía y arrastraba consigo a la monarquía. Ante el deterioro de la situación política, los progresistas y los demócratas se retraen de la vida política inclinándose una vez más por la vía insurreccional. Un nuevo Gobierno de la Unión Liberal intentó, en último término, atraer de nuevo a los progresistas con una tímida reforma política que ampliaba el censo electoral pero no lo consiguió, como demostraron los intentos de pronunciamiento de Prim en enero de 1866 y del Cuartel de San Gil en el mes de junio de ese mismo año. El retorno de Narváez aceleró los preparativos de la conspiración que se consolidó con la firma del Pacto de Ostende de agosto de 1866, que agrupó también a los demócratas y más tarde, al morir O’Donnell en 1867, a la Unión Liberal. Ya no se trataba de luchar sólo por un relevo gubernamental sino que se exigía el destronamiento de la reina. La conspiración pronto rebasó los círculos militares y contó con una extensa trama civil a través de los clubes y asociaciones progresistas y demócratas. La coincidencia con una coyuntura de crisis económica y de subsistencias y el endurecimiento del régimen dirigido de nuevo por González Bravo, contribuyeron a crear un contexto favorable a la revolución. El 18 de septiembre de 1868, la Armada, surta en la bahía de Cádiz, se pronuncia al grito de «¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra!». Tras el triunfo de la revolución, Isabel II, que se encontraba de vacaciones en Guipúzcoa, era destronada y marchaba al exilio en Francia, iniciándose en España un período de seis años, conocido como el Sexenio Democrático, en el que se ensayarán diversas alternativas políticas: una nueva monarquía con Amadeo de Saboya y la Primera República.

Los largos años del exilio

      Al conocerse la derrota de las tropas leales en Alcolea, la reina, acompañada por su esposo e hijos, pasaba la frontera francesa siendo acogida por el emperador Napoleón III. Se alojó primero en el castillo de Enrique IV, en Pau, para trasladarse después al palacio de Basilewsky, que más tarde recibirá el nombre de palacio de Castilla, en París. Comenzaban los largos años del exilio, situación en la que permanecerá hasta el final de su vida. Durante treinta años más, Isabel vivirá en París separada de su esposo y retirada de la política activa sin gozar ya de ningún tipo de protagonismo público, tras abdicar en 1870 de sus derechos al trono en favor de su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII. No volvió a España salvo breves y esporádicas estancias pues, tras la restauración de 1874, Cánovas, art ífice del proceso, y su propio hijo, Alfonso XII, consideraron que era preferible para la estabilidad de la monarquía que ella permaneciese fuera del país.

      En la mañana del 9 de abril de 1904, en su residencia parisina, fallecía Isabel II por unas complicaciones bronco-pulmonares producidas por una gripe. Sus restos fueron trasladados al Escorial para darles más tarde sepultura en el Panteón de los Reyes. Moría una reina y, como epitafio, podemos citar las hermosas palabras que Pérez Galdós, que la entrevistó poco antes de su muerte, dejó escritas sobre ella:

«El reinado de Isabel se irá borrando de la memoria, y los males que trajo, así como los bienes que produjo, pasarán sin dejar rastro. La pobre Reina, tan fervorosamente amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja al sepulcro sin que su muerte avive los entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa: en él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política; pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido Reina y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación para tan tierna mano».

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